Módulo 3

Históricamente, dada nuestra cultura patriarcal, hay mayor participación y representación de los hombres en los escenarios de diálogo social, la representación de las mujeres es baja y en riesgo de ser excluidas las personas LGBTIQ+1 de los escenarios de diálogo.

Por otra parte, se observa que existen desigualdades en la participación de la población campesina, quienes de acuerdo con la Directiva 007 de 2019 de la PGN y la Sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional, son sujetos de especial protección constitucional dado que han sido vulnerados y discriminados históricamente. Desde un enfoque inter-seccional se puede concluir que la exclusión en la participación es mayor si se trata de mujeres campesinas, mujeres indígenas o mujeres afrocolombianas2.

1. Tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación. Esta realidad contrasta con su indudable ca- pacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática- Onu https:// www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation

2. Todo ello a pesar del rol de las mujeres campesinas, las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes lideran y participan en procesos organizativos para evitar la sobreexplotación del medio ambiente, mantener y defender sus territorios ancestrales, conservar los usos y costumbres tradicionales, evitar que sus hijos e hijas sean reclutados por actores armados ilegales, desarrollar actividades agrícolas y comerciales en pequeña escala para el auto sostenimiento de sus familias y comunidades. Auto 098 de 2013 de la Corte

En este contexto y referente a la conformación de los espacios de diálogo que se orientan a diseñar normas, estrategias, políticas y programas en todos los temas que afectan la vida de los campesinos, o cuando el objeto de un conflicto social se relaciona, por ejemplo, con la economía familiar, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el acceso y uso de la tierra, el acceso a los medios de producción, créditos, subsidios, asistencia técnica, fortalecimiento productivo, y desarrollo integral de los servicios del estado en las zonas rurales, entre otros factores que afecten al campesinado, es preciso respaldar el liderazgo y participación individual y colectiva de las mujeres, de manera que puedan expresar sus opiniones y saberes sobre las decisiones que les afectan y sobre las causas o afectaciones diferenciadas que han tenido en un conflicto para la garantía de sus derechos y los de su comunidad.

En el marco de los espacios de diálogo es indispensable integrar la perspectiva o enfoque diferencial, ya que así se garantiza un valor agregado y la confluencia de ideas, visiones y realidades diversas que enriquecen la conversación. Sin embargo, debe darse claridad frente al mismo y valorar la importancia de contar con esta variable en las diferentes etapas del proceso.

La vinculación de perspectivas o enfoques diferenciados para garantizar la integralidad de las discusiones debe medirse, es decir, identificar su uso y apropiación en el espacio. Si se encuentra limitado o es inexistente se debe adelantar un ejercicio que permita reconocer ese enfoque diferenciado, valorar su importancia para la discusión y transmitirlo a los diferentes actores del espacio.

Como se ha indicado, valorar y tener en cuenta la participación de las mujeres, con especial atención a las que trabajan y habitan el campo, y las pertenecientes a otras poblaciones objetivo en los espacios de diálogo social, permitirá:

• Identificar las necesidades específicas de las mujeres en las distintas poblaciones objetivo.
• Prever metas y alternativas hacia la gestión del conflicto con una visión integral.
• Establecer un acuerdo entre las mujeres en diferentes poblaciones objetivo para unificar propuestas que enriquezcan y aporten una visión global de la gestión y transformación de conflictos.
• Contar con propuestas independientes y ajustadas a las necesidades
• Desarrollar un relacionamiento efectivo de las lideresas sociales con las instituciones locales y nacionales, capaz de desarrollar una agenda de las mujeres en diferentes poblaciones objetivo que nutran el debate frente a la transformación del conficto.
• Considerar metas con las que se vean representadas.

De acuerdo con la naturaleza social, cultural y territorial del conflicto se pueden determinar las partes intervinientes. Para el caso de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, afrocolombianos o Rom, es importante no perder de vista que los eventuales conflictos pueden tener ocurrencia al interior de sus organizaciones o frente a otros actores sociales como son los casos de los conflictos de campesinos con colonos, grupos armados ilegales o empresas, y aquellos que tienen lugar por la garantía de sus derechos colectivos frente a las instituciones nacionales o territoriales. Estos fenómenos asociados al conflicto pueden ser vistos de forma individual o conexos a otros conflictos en los cuales tendrán consecuencias directas o indirectas.

Para aquellos conflictos que tienen el potencial de afectar los derechos étnico-territoriales de los pueblos indígenas o afrocolombianos, uno de los escenarios de diálogo social preventivos es la consulta previa.

La consulta previa es un derecho fundamental de titularidad colectiva, que se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT y que ampara a las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom, reconocido y protegido por el ordenamiento constitucional y, en consecuencia, exigible judicialmente, (Ministerio del Interior, 2015)

Mediante este derecho el Estado garantiza a las autoridades representativas de los pueblos étnicos la participación y el acceso a la información sobre los proyectos, obras o actividades, que se pretendan realizar en su territorio, siempre y cuando sean susceptibles de afectarles de manera directa y específica. Busca identificar los impactos en la garantía de sus derechos colectivos, sus prácticas comunitarias, las medidas de mitigación o compensación del impacto por afectaciones directas o indirectas, y pretende la integridad étnica, cultural, social y económica de los pueblos indígenas y tribales que habitan en el territorio nacional (Ministerio del Interior, 2021).

Respecto a los espacios de diálogo intra-étnicos e inter-étnicos se dispone de instancias o escenarios propios del ejercicio de su autonomía que caracterizan sus formas de organización socio cultural. Disponen de mecanismos y tradiciones orientadas hacia la gestión, resolución y transformación de conflictos a nivel interno y la articulación con otras formas de justicia y procesos de diálogo con el fin de aportar sus conocimientos y experiencias en la construcción de consensos y en el desarrollo de los espacios de diálogo como en el caso de conflictos interétnicos o con otros actores.

Por otra parte, en relación con el Estado, existen otros espacios de diálogo para la atención y prevención de vulneraciones a los derechos humanos, derivados del marco normativo como son:

• El Espacio Nacional de Consulta Previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general, susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este espacio se creó bajo Decreto Número 1372 de 2018 y tiene por objeto servir de instancia de diálogo e interlocución entre los pueblos y el Gobierno Nacional para adelantar las diferentes etapas de la consulta previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general, susceptibles de afectar directamente a dichas Su finalidad es llegar a acuerdos o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El proceso incluye una etapa de pre-consulta, de consulta previa, de protocolización y de seguimiento.
• Comisión Nacional de Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Creada por Decreto 1396 de Esta Comisión presidida por el ministro del interior y en la que participan las organizaciones indígenas de segundo nivel como la ONIC, La OPIAC y al CIT tiene como objeto velar por la prevención de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al DIH, velar por la protección de los derechos humanos, en especial, de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, impulsar y hacer seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias que se lleven a cabo en relación con las violaciones graves de los derechos humanos de los indígenas, y desarrollar un programa especial de atención de indígenas víctimas de la violencia. Hace parte de esta comisión el Ministerio Publico.

  * Comisión Nacional de Territorios (CNT) y la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, creadas mediante Decreto 1397 de 1996. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y tiene por objeto atender las necesidades de las comunidades indígenas para la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y/o reservas indígenas. Por su parte, la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas tiene por objeto concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, y evaluar la ejecución de la política indígena del Estado.