Módulo 4
Diálogo tercero
Rol de la Procuraduría General de la Nación respecto al monitoreo del cumplimiento de acuerdos producto del diálogo social
Como vimos en la sección anterior, cuando las partes involucradas en una conflictividad social definen un acuerdo para la transformación de la conflictividad y establecen un mecanismo de seguimiento para que se cumpla lo acordado es común invitar a las autoridades eclesiásticas, organismos multilaterales y a entidades del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo o personería), para que garanticen el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
La Procuraduría General de la Nación, tiene dos funciones relacionadas con esta labor de monitoreo en atención a su misión de “construcción de convivencia, salvaguarda el ordenamiento jurídico, representación de la sociedad y vigilancia de la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas, preservando el proyecto común expresado en la Constitución Política; para producir resultados de valor social en su acción preventiva, ejercer una actuación disciplinaria justa y oportuna y una intervención judicial relevante y eficiente, orientadas a profundizar la democracia y lograr inclusión social, con enfoque territorial y diferencial” (Procuraduría General de la Nación, 2017).
La primera de ellas, es vigilar que se adelanten las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades del gobierno municipal, departamental o nacional, responsables en la implementación de medidas para dar a conocer e informar a los grupos de interés el nivel de avance de tales compromisos.
La segunda es activar su función disciplinaria cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, el patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales, o cuando los funcionarios públicos incurren en una falta al deber funcional.
Ahora bien, la Procuraduría no sólo interviene en la fase de monitoreo a los resultados del diálogo, también está llamada a impulsarlo desde las etapas más tempranas, como en el caso de la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social cuando “estimula el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades en aras de fortalecer la confianza en las instituciones del Estado y contribuir al cumplimiento de los fines de la función pública” (Procuraduría General de la Nación, 2017). En casos de conflictividad manifiesta o exacerbación del conflicto en los que se evidencian temáticas particulares que cuenten con características territoriales, esta Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial solicita la participación de otras dependencias de la entidad como en el caso de las procuradurías delegadas y procuradurías regionales, distritales y provinciales, con el fin de adelantar actuaciones y estrategias preventivas coordinadas y articuladas.
Por ejemplo, en el marco del paro nacional de 2021, esta Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial participó en diferentes espacios orientados al acercamiento de la institucionalidad con diversos actores sociales en la ciudad de Cali. Para ello, y en respuesta a la comisión extraordinaria del nivel nacional que se dispuso por parte del despacho de la Procuradora General de la Nación para apoyar la gestión preventiva de la Procuraduría Regional Valle del Cauca, y Provinciales de Cali y Buga, se creó una estrategia de articulación y coordinación con las dependencias que tuvieran competencia de acuerdo con las necesidades presentadas.
En razón de ello y en el marco del principio de coordinación institucional de la entidad, se articularon actuaciones preventivas con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco de las movilizaciones y protesta social, donde estaban comprometidos los derechos a la participación, movilización y libertad de expresión, así como los derechos de quienes eran ajenos a esta actividad. Así mismo, se adelantaron acciones de coordinación con la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, debido a la presencia de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dado que muchos de los participantes de las movilizaciones y protestas sociales eran menores de edad que cuentan con un marco de especial protección a sus derechos. Lo anterior, atendiendo a una estrategia de articulación interna para enfrentar los desafíos que desde el nivel territorial se presentaban.
También es el caso de las diferentes procuradurías regionales, distritales y provinciales, que, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, y de acuerdo a las complejidades territoriales de sus jurisdicciones, adelantan de forma permanente acciones de diálogo social focalizado en contextos de conflictividades emergentes o sostenidas en el tiempo. Su participación, como se mencionó, se ubica en diferentes fases del conflicto y se orienta al ejercicio de la vigilancia de las garantías mínimas de los participantes que deben ser tenidas en cuenta en estos espacios, y al seguimiento preventivo de los resultados que se obtengan en los territorios.
En el contexto nacional y territorial la Procuraduría General de la Nación, a través de sus diferentes dependencias, ejerce funciones de intermediación entre las partes con funciones, capacidades e intensidad de compromiso diferentes.
